EL BOOM INMOBILIARIO Y LAS SEPARACIONES FAMILIARES

Puesto que a ciertos sectores les preocupa tanto la crisis de la familia, no estaría mal que analizaran también cómo la crisis inmobiliaria ha venido afectando a la legítima recomposición familiar tras las frecuentes separaciones... Un mundo lleno de angustias, en el que el factor vivienda, una vez más, actúa de manera determinante contra el derecho a vivir dignamente...

Imposible separarse tras el 'boom' inmobiliario
Los divorciados de la era de la vivienda más cara se hunden en la precariedad - Ni pueden comprar, ni alquilar, ni pedir piso social

M. ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO 08/02/2008

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Imposible/separarse/boom/inmobiliario/elpepusoc/20080208elpepisoc_1/Tes

Los separados de la era del boom inmobiliario están quedando en la ruina: si no hay un buen acuerdo y macrosueldo, la imposibilidad de encontrar vivienda ha convertido a muchos en ciudadanos sin techo. Sólo en País Vasco y Madrid comienzan a tomarse tímidas medidas para que puedan aspirar a pisos sociales.

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El casado casa quiere, reza un refrán formulado cuando el matrimonio era para toda la vida. Pero, ¿y el separado? Tras la disolución del vínculo, y el pago de la pensión alimenticia, a veces acompañada de otra compensatoria, muchos ex cónyuges se ven abocados a una economía de crisis, a la mera subsistencia. La vivienda se convierte en problema, y en algunos casos contenedores, caravanas en cámpings o pensiones, son la primera opción; luego, la solución del piso compartido o la vuelta al hogar de los padres. Sólo que el regreso se hace, entonces, con medio hogar a cuestas: con la compañía temporal y regular de unos hijos que se hacen presentes en fines de semana o vacaciones.

Un separado o divorciado destina alrededor de un 35% de sus ingresos líquidos al pago de la pensión de alimentos (en torno al 20%) y de la compensatoria (un 15% de promedio), si la hubiera, pero el porcentaje puede ser aún mayor, rondando en algunos casos el 50%. La pensión compensatoria se decide si el otro cónyuge resulta perjudicado en su nivel de vida por el cese de la convivencia.

Pero otro desembolso, mucho más difícil de cuantificar, es el de la segunda vivienda, lo que en teoría debería ser el otro hogar resultante de la separación, ya que en el 95% de los casos el cónyuge que se queda con la custodia de los hijos lo hace en la casa común. Si sobre esa primera vivienda pesa una hipoteca, los juzgados de familia suelen dictaminar que la carga se satisfaga por mitades; así, al debe de la ruptura el cónyuge que se va de casa ha de sumar el pago de la mitad de aquélla.

El presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, Isidro Niñerola, constata la merma de nivel de vida que acarrea una separación para uno de los cónyuges, sino para ambos. "Uno de ellos, el obligado al pago , que es en la mayoría de los casos el hombre, queda en situación de inferioridad económica, llegando a ser ésta a menudo penosa. Las pensiones que se imponen [de alimentación y compensatoria] son elevadas, pueden llegar al 35% de los ingresos líquidos del progenitor obligado a pagarlas. En cualquier caso, ese debería ser el tope máximo", sostiene Niñerola.

El déficit de viviendas ha encontrado respuesta en un par de Gobiernos autonómicos. El Ministerio de Vivienda, en su Plan Estatal, no destina ningún cupo de viviendas de protección oficial (VPO) a separados; el Gobierno Vasco o la Comunidad de Madrid, sí, aunque con cuentagotas. La Federación de Euskadi de Padres y Madres Separados (Kidetza) suscribió en 2006 con el Gobierno de Vitoria unos acuerdos para facilitar el acceso a VPO de separados y divorciados. El principal logro consiste en eliminar el plazo de dos años que un separado debía aguardar para optar al sorteo de una de estas plazas. Etxebide, el Instituto Vasco de la Vivienda, se convierte así en pionero de una medida que allana el camino a la equiparación, en términos inmobiliarios, entre los dos hogares resultantes del divorcio.

En la Comunidad de Madrid, la avanzadilla es una tímida promoción de 202 pisos de protección oficial en alquiler. Pero, como lamenta Paco Rodríguez, la desproporción en el reparto resulta discriminatoria. "En el primer paquete, consistente en 40 viviendas, 38 han ido a parar a mujeres y sólo 2 a hombres", dice. Algo que, sostiene, no sucedería -ni se convertiría en un casus belli más- si, como proponen las asociaciones de divorciados, se disuelve automáticamente el régimen de gananciales -si ése fuera el del matrimonio- en el mismo acto del divorcio.

En los comedores sociales de las grandes ciudades no es infrecuente la figura del padre separado. "No es un fenómeno nuevo. Tampoco resultan extraños en la calle, entre las filas de los sin techo. Por decirlo de alguna manera, la situación que sigue a una ruptura familiar puede derivar en una transitoriedad precaria", explica Sergio Barciela, responsable del programa Personas sin Hogar de Cáritas. "Los hombres separados que acuden a nuestros comedores no son el perfil habitual del sin techo; la suya es una situación coyuntural", añade.