Javier Santos, militante de IU en el Viso del Alcor y autor de esta propuesta
POR EL DERECHO A LA MOVILIDAD Y EL ACCESO PARA TODOS
La condición de ciudadanía es el estatus conformado por el acceso a los recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes de las personas. La falta de accesibilidad a ciertos espacios, equipamientos municipales o servicios, puede derivar en la limitación de libertades fundamentales como el derecho a la educación, a la cultura, a las actividades recreativas y deportivas, al alojamiento etc. Apostar por una ciudad accesible, es apostar por una mayor calidad de vida, en la medida que los equipamientos, servicios y espacios son más cómodos, más seguros y más fáciles de usar y por lo tanto, promueven la autonomía de las personas. Por tanto, existe una relación entre la accesibilidad, el desarrollo de las libertades fundamentales y el derecho a llevar una vida autónoma y de calidad para todas las persona.
En definitiva, es preciso que los pueblos se conciban, estructuren y gestionen como espacios para la convivencia humana en todas sus dimensiones, y comprender, que más allá de ser un cruce entre calles, espacios residuales, áreas comerciales, e infraestructuras urbanas, el pueblo es la suma de todos los entornos o espacios públicos, todos los servicios públicos municipales, y todos los productos o equipamientos a disposición de la ciudadanía.
La ciudad otorga a sus habitantes la condición de ciudadanos y ciudadanas; los convierte en personas titulares de derechos civiles, políticos y sociales. Estos derechos de ciudadanía, implican sentirse identificado con el lugar en el que se vive, ser reconocido por los otros, tener visibilidad, identidad, oportunidades de formación y ocupación, disponer de equipamientos y espacios públicos, de movilidad, de información y comunicación, etc. En definitiva, el estatus de ciudadanía, se compone de la capacidad de ejercer las libertades fundamentales relativas a la vida y el desarrollo integral de las personas, de las posibilidades de participación en la vida política, y de las aspiraciones a una vida digna con bienestar. Todo ello, requiere tener posibilidades de acceder en igualdad de oportunidades a todas las ofertas urbanas y desarrollar de forma plena todas las libertades fundamentales.
Y esta posibilidad de acceso a los recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes en igualdad de condiciones para todos y todas implica que:
La condición de ciudadanía es el estatus conformado por el acceso a los recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes de las personas. La falta de accesibilidad a ciertos espacios, equipamientos municipales o servicios, puede derivar en la limitación de libertades fundamentales como el derecho a la educación, a la cultura, a las actividades recreativas y deportivas, al alojamiento etc. Apostar por una ciudad accesible, es apostar por una mayor calidad de vida, en la medida que los equipamientos, servicios y espacios son más cómodos, más seguros y más fáciles de usar y por lo tanto, promueven la autonomía de las personas. Por tanto, existe una relación entre la accesibilidad, el desarrollo de las libertades fundamentales y el derecho a llevar una vida autónoma y de calidad para todas las persona.
En definitiva, es preciso que los pueblos se conciban, estructuren y gestionen como espacios para la convivencia humana en todas sus dimensiones, y comprender, que más allá de ser un cruce entre calles, espacios residuales, áreas comerciales, e infraestructuras urbanas, el pueblo es la suma de todos los entornos o espacios públicos, todos los servicios públicos municipales, y todos los productos o equipamientos a disposición de la ciudadanía.
La ciudad otorga a sus habitantes la condición de ciudadanos y ciudadanas; los convierte en personas titulares de derechos civiles, políticos y sociales. Estos derechos de ciudadanía, implican sentirse identificado con el lugar en el que se vive, ser reconocido por los otros, tener visibilidad, identidad, oportunidades de formación y ocupación, disponer de equipamientos y espacios públicos, de movilidad, de información y comunicación, etc. En definitiva, el estatus de ciudadanía, se compone de la capacidad de ejercer las libertades fundamentales relativas a la vida y el desarrollo integral de las personas, de las posibilidades de participación en la vida política, y de las aspiraciones a una vida digna con bienestar. Todo ello, requiere tener posibilidades de acceder en igualdad de oportunidades a todas las ofertas urbanas y desarrollar de forma plena todas las libertades fundamentales.
Y esta posibilidad de acceso a los recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes en igualdad de condiciones para todos y todas implica que:
Los espacios públicos o de uso colectivo deben favorecer la convivencia, promoviendo la posibilidad de encuentro y relación de todos los habitantes del municipio en igualdad de condiciones.
Los servicios públicos municipales deben estar al alcance de todas las personas, para lo que las estructuras y las condiciones administrativas y legales se deben adecuar y adaptar a las necesidades de toda la población.
Los productos y equipamientos municipales deben estar a disposición de toda la ciudadanía garantizando la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos y ciudadanas en su uso y acceso, promoviendo para ello, la posibilidad de elección entre las diferentes posibilidades urbanas.
Una perspectiva urbana de la accesibilidad, abordará elementos de movilidad, comunicación y comprensión de los espacios públicos, los servicios y los equipamientos o productos a disposición de la ciudadanía. Por tanto, al considerar el pueblo, sus funciones y su evolución, desde la perspectiva de la accesibilidad, estamos tomando en cuenta todos los elementos o características del entorno urbano, y todos los equipamientos y servicios municipales, que permiten su utilización de forma independiente y en condiciones de confort y seguridad por toda la ciudadanía y particularmente, por aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Generalmente cuando se habla de discapacidad, se piensa en personas con discapacidades permanentes. Sin embargo, es relevante tener en cuenta a todas aquellas personas que, transitoriamente y por distintas razones, se encuentran también en una situación con dificultades para trasladarse, tomar un medio de transporte, para percibir sonidos, comprender el entorno, etc. Esto puede ocurrir por razones de obesidad, situación de maternidad, por sufrir algún accidente, analfabetismo, etc.
Si consideramos las necesidades de las personas con discapacidad y mayores, en la mayoría de los municipios prácticamente no es posible realizar ningún recorrido de 500 metros lineales sin hallar alguna barrera.
Algunas de las causas que impiden la accesibilidad son:
- Aceras con un ancho total inferior a 90 cm.
- Aceras con banda libre de paso inferior a 90 cm., debido a estrechamientos inaccesibles causados por mobiliario urbano mal situado, árboles sin alcorques cubiertos o vehículos sobre el acerado.
- Aceras con pavimentos deslizantes.
- Entradas a cocheras que hacen totalmente impracticable las aceras, se da prioridad a los vehículos por delante de las personas. En muchos casos se crean socavones de gran tamaño.
- Estrechamientos inaccesibles por obras. La mayoría de éstas carecen de señalización luminosa para la noche, la protección corresponde a vallas poco estables y discontinuas, tienen resaltes peligrosos para invidentes, en muchísimos casos la acumulación de materiales para la obra inhabilita el paso por la acera, sin prever una ruta alternativa.
- La velocidad de paso en los semáforos para los peatones es insuficiente.
- Los pasos de peatones y vados son ocupados frecuentemente por vehículos.
- Pasos de peatones mal señalizados y sin rebajar en los bordillos o mal rebajados (altura >2 cm.)
- Rampas con pendientes superiores al máximo establecido por ley (> al 12%) y otras no disponen de pasamanos.
- Ocupación indebida de espacios por: terrazas, comercios, contenedores, toldos, decoración patronal,...
- Ocupación de aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida por vehículos sin la debida acreditación.
- Inaccesibilidad a edificios municipales, así como itinerarios internos impracticables (puertas estrechas, escaleras sin ascensor alternativo, lavabos no adaptados, etc.)
- Inaccesibilidad a edificios públicos (iglesia, convento, bancos, comercios, restaurantes, bares, juzgado de paz, etc.), así como inadecuación de sus interiores.
- Organización de actos culturales en lugares inaccesibles.
- No existen campañas de concienciación que busquen la motivación necesaria para respetar y valorar la accesibilidad, que todos y todas se sientan partícipes y beneficiarios de la misma, de modo que las conductas y comportamientos de la ciudadanía sean acordes con la idea de Accesibilidad Universal.
- No existen planes de formación para capacitación a los trabajadores/as de la administración municipal (especialmente para los técnicos en urbanismo) para actuar a favor de la accesibilidad de una forma eficiente para facilitar su correcta aplicación.
- No se establece ningún medio para la participación de la ciudadanía, que canalice tanto las demandas como las aportaciones y, particularmente, de las principales beneficiarias respecto a las condiciones de accesibilidad.
- Incumplimiento deliberado de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía, donde dice que desde 1999 los entes locales están obligados a elaborar un plan especial de actuación, que garanticen la adaptación de los espacios urbanos, sus elementos y los edificios, establecimientos e instalaciones de la administración y empresas públicas, consignando en sus presupuestos anuales cuantías necesarias para la financiación de estas actuaciones y realizarlas en un plazo máximo de diez años.
- No existe un mecanismo de coordinación para la implementación de una política integral de Accesibilidad en el municipio, que trae como consecuencias la descoordinación y la falta de información por parte de los técnicos encargados de distintas áreas de responsabilidad en el Ayuntamiento.
- No se reconoce adecuadamente la diversidad humana existente en la actualidad y sus expresiones vinculadas a las diferentes edades. La tendencia demográfica actual y el envejecimiento de la población, prevalencia de discapacidades y situaciones de desventaja coyunturales.
- Aún no se ha reconocido la Accesibilidad Universal como un factor de calidad para la mejora de entornos, productos y servicios.
Como consecuencia de todas estas barreras, ya sea en el entorno urbano, en los servicios o en los equipamientos, muchas personas ven limitada su autonomía y su bienestar. Es por tanto preciso eliminarlas y planificar, organizar y gestionar el pueblo de forma que todas las personas puedan desarrollar su condición de ciudadanos con comodidad, seguridad, confort y en igualdad de condiciones. Es preciso garantizar el ejercicio de derechos y deberes de todas las personas.
Para lograr la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, lo principal no es actuar sobre las condiciones personales de éstas, sino sobre las condiciones ambientales, para lo que es preciso poner en marcha medidas de Accesibilidad Universal, como bien establece el documento La ACCESIBILIDAD UNIVERSAL en los MUNICIPIOS: guía para una política integral de promoción y gestión.
Es por lo que sería necesario tomar las siguientes medidas
1.- Crear el Consejo Local de Accesibilidad. Este consejo deberá cumplir una doble función: por un lado será un mecanismo de coordinación y por el otro un mecanismo participativo, es decir que la representación que lo componga estará compuesto por la autoridad local (se recomienda que la representación de la administración sea técnica) y una representación directa de los principales colectivos beneficiarios de la accesibilidad (personas discapacitadas, mayores, etc.) Las tareas a desarrollar serán: de control y seguimiento del estado de la accesibilidad en el municipio, de asistencia y asesoramiento a los órganos y áreas pertinentes, y también tendrá la capacidad de tramitar propuestas de actuación.
2.- Crear un Plan Integral de Accesibilidad en cada Municipio. Para ello deberá llevarse a cabo los siguientes pasos:
a) Realización de un análisis y diagnóstico de los problemas, sus causas, y los componentes sistémicos y estructurales que los genera. Para ello sería recomendable contar con la participación de empresas especializadas en el tema.
b) Establecer los objetivos concretos y posibles estrategias a desarrollar en función de las necesidades particularizadas del municipio y los recursos disponibles para solventarlas; elección de áreas de intervención que engloban los instrumentos necesarios.
3.- Establecer recursos humanos y económicos suficientes en los Presupuestos Generales del Estado, Andalucía y Ayuntamientos, para dotar estos planes de accesibilidad.
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